El Gobierno toma el control del proceso de devolución en la cláusulas suelo

Crea una comisión de seguimiento que informará cada seis meses del grado de cumplimiento de los bancos. Cinco meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinase que la banca está obligada a devolver con carácter retroactivo todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo abusivas de sus créditos, el Gobierno ha tomado el control del proceso de devolución a los usuarios. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo indebidas. El Ejecutivo ya aprobó un mes después del fallo de la Justicia europea un decreto para regular el asunto y que las familias pudiesen recuperar su dinero de forma gratuita. Ahora se desarrolla esa norma para clarificar la composición de la comisión, las funciones que va a llevar a cabo y las obligaciones de información que tienen que asumir las entidades de crédito.

Según informó el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este nuevo organismo se encargará de «recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito». Además, la comisión publicará semestralmente un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial de reclamación.

Para alcanzar este cometido, las entidades de crédito tendrán que informar del número de solicitudes presentadas reclamando la devolución de las cláusulas suelo, detallando las que han terminado con acuerdo y en las que no ha sido posible llegar a ningún pacto con el cliente, así como los motivos. También tendrán que remitir el importe correspondiente a las solicitudes presentadas, explicando asimismo las que han terminado con acuerdo y las que no.

Los bancos deberán informar al Banco de España del número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores. Según la explicación del Ministerio de Economía, cada entidad deberá informar sobre el sistema que haya implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores, cuyo préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo. Para llevar a cabo su tarea, la Comisión podrá solicitar al Ministerio de Justicia información sobre procedimientos judiciales.

La comisión de seguimiento estará formada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá; el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Además, habrá otros seis representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Consejo de Consumidores y Usuarios, Consejo General de la Abogacía Española, Consejo General del Poder Judicial y de la Asociación Hipotecaria Española.

Según los cálculos del sector, la banca se enfrente a una devolución potencial de entre 2.000 y 3.000 millones de euros a cuenta de las cláusulas suelo. En este sentido, Bankia informó ayer de que ha abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes que reclamaron lo cobrado de más por estas cláusulas. El pasado 3 de febrero, Bankia inició un proceso exprés en sus oficinas para que los clientes que contrataron una hipoteca con cláusula suelo pudieran solicitar el reembolso del dinero pagado de más, con intereses. Los clientes solo tienen que acudir a una sucursal de la entidad, donde se les entrega una plantilla de solicitud de la restitución de las cantidades, y donde, en la mayoría de los casos, está calculado con antelación el importe a devolver. Una vez analizado que el cliente forma parte del colectivo amparado por este proceso, Bankia le ofrece el abono de la cantidad pagada de cláusula suelo, más el interés legal del dinero de todo el periodo, en efectivo o en amortización del crédito.

La asociación de consumidores y usuarios de bancos y cajas Adicae cree que la comisión de seguimiento sobre las cláusulas suelo que aprobó ayer el Gobierno es una «quimera vacía» que no repara los abusos de los bancos a los consumidores.

FUENTE: LA RAZÓN