• 25 de junio de 2021

Rafael Catalá: “No tiene sentido activar la justicia para asuntos de escasa cuantía”

“Estamos intentando transmitir a las empresas la idea de que la mediación genera fortaleza económica”

Rafael Catalá lleva un año al frente del Centro Español de Mediación, un organismo creado por la Cámara de Comercio de España para fomentar la mediación como método de solución de controversias. Aunque se trata de una figura relativamente extraña en nuestro ordenamiento mercantil y civil, hoy la mediación es un procedimiento totalmente digitalizado con plenas garantías procesales y seguridad jurídica. Por ello, el exministro de Justicia se ha propuesto su impulso como medida eficiente y ágil de resolución de conflictos, que permita, además, incrementar la confianza en nuestro país como lugar adecuado para la creación de empresas y la inversión.

¿Qué balance hace de su primer año al frente del Centro Español de Mediación?

El Centro Español de Mediación surgió con motivo de una decisión del pleno de la Cámara de Comercio de España y su presidente, José María Bonet, de crear un centro propio para fomentar entre las empresas este método de solución de conflictos. Aunque nuestra cultura es más proclive a acudir a los tribunales cada vez que surge un problema civil o mercantil, existen vehículos alternativos, como el arbitraje o la mediación. Por eso, durante este año hemos realizado actividades divulgativas con las Cámaras de Comercio territoriales y firmado convenios de colaboración con instituciones, como registradores, notarios o abogacía.

¿Cuál es el valor económico de la mediación?

La mediación es una figura muy complementaria del sistema de justicia tradicional, que permite cerrar ese círculo que forman la confianza y la seguridad jurídica, como principales atributos que hacen atractiva a una economía tanto para las empresas como para los inversores. Por ello estamos intentando transmitir a las empresas la idea de que la mediación es una fórmula que debe ser utilizada cada vez con mayor intensidad para generar ese espacio de fortaleza en nuestra economía que nos permita promover la recuperación económica y la creación de empleo, tan importantes en este momento.

Desde el lado académico hay voces que cuestionan la constitucionalidad de la obligatoriedad de la mediación en el ámbito civil. ¿Qué opina al respecto?

Lo que se está planteando en el proyecto de ley de eficiencia procesal impulsado por el Ministerio de Justicia es crear unos mecanismos para asegurar que antes de acudir a los tribunales se intenta una solución extrajudicial. Me parece una propuesta innovadora, con la que estoy totalmente de acuerdo, porque creo que tiene todas las garantías legales y constitucionales y que siempre garantiza la tutela judicial, pues si no se encuentra la solución adecuada en vía de mediación, siempre se podrá acudir a los tribunales.

¿Dispone la justicia de medios suficientes para afrontar el reto que supone este nuevo sistema?

La justicia es un servicio público que tiene un coste que sufragamos todos los ciudadanos, por lo que tiene poco sentido poner en marcha su funcionamiento, con los costes que lleva asociados toda la maquinaria judicial, para asuntos que tienen escasa cuantía económica. En este sentido, creo que los dos proyectos de ley de eficiencia procesal y de eficiencia organizativa que ha presentado el ministerio están muy bien enfocados y tienen mucho sentido. Abordan necesidades tradicionales en las que hemos trabajado todos los equipos que hemos estado en el ministerio, en relación con dos asuntos tan fundamentales como la organización de la justicia y la eficiencia procesal. Recogen lo aprendido de experiencias comparadas, por lo que ayudarán a un mejor funcionamiento y a conseguir que, en vez de procedimientos que duren años, tengamos procedimientos que duren meses, que es la asignatura pendiente histórica de nuestra justicia.

¿Espera por tanto que se dé un consenso político para la aprobación de estas leyes?

Así lo creo. Se trata de asuntos ante los que no hay ideología ni planteamientos políticos de modelos alternativos y en los que hemos estado trabajando los anteriores departamentos ministeriales, con independencia del nombre del titular. La estrategia global que late detrás de estos proyectos es muy compartida y, por tanto, yo confío en que tengan un gran apoyo, no solo del Parlamento, sino también del conjunto de las profesiones jurídicas.

¿Cuenta la justicia con los medios tecnológicos que necesita para hacer eficaces esas medidas?

Llevamos muchos años incorporando soluciones tecnológicas a la justicia, pero todavía falta mucho por avanzar. Hay que seguir perseverando y dedicar recursos para dotar de estas soluciones a nuestra Administración de Justicia, como ya se hizo años atrás con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. En este sentido, creo que el esfuerzo debe centrarse en hacer compatibles los distintos sistemas de gestión procesal de las comunidades autónomas para garantizar que el proceso judicial electrónico sea una realidad en toda España en el menor plazo posible. Lo importante es asegurar el resultado final, aun utilizando diferentes sistemas de gestión.

¿Qué cabida tiene la inteligencia artificial en el nuevo modelo que se quiere implantar?

La justicia, como otros sectores, gestiona un volumen de datos muy importante. Por consiguiente, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, de gestión de bases de datos y todas las nuevas tecnologías que se están incorporando a nuestra vida cotidiana tienen aquí un espacio. Por ejemplo, la IA aplicada al reconocimiento de voz para la transcripción de las declaraciones de las partes que intervienen en un proceso judicial es muy importante, porque evita mucho trabajo sin valor añadido.

¿Qué medios cree que serían necesarios para asegurar que lo acordado se ejecuta?

Creo que una de las fortalezas de la mediación radica en que la decisión es alcanzada por las partes de común acuerdo y, por tanto, esta se va a aplicar sin ningún problema. Puede ser que alguna de las partes lo repiense después, pero creo que ese caso será más bien anecdótico. En todo caso, si una de las partes no cumple, la otra siempre podrá acudir a los tribunales, pero insisto en que creo que será algo residual.

FUENTE: CINCODÍAS