• 8 de diciembre de 2023

El delito fiscal en España: pleitos de hasta 20 años y 1.000 casos anuales

El delito tributario suele ir acompañado de otros vinculados como la apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, insolvencia punible, cohecho o prevaricación.

“Se está llevando a delito cualquier deuda tributaria superior a 120.000 euros. Eso no es correcto. La deuda tributaria no implica por sí misma un delito fiscal. La deuda tiene que ser fraudulenta”. Es una de las principales conclusiones del jurista Eduardo de Urbano, que acaba de publicar una nueva entrega de sus obras sobre derecho penal económico, centrada esta vez en delito fiscal. Los estudios del especialista concluyen que en España hay alrededor de 1.000 casos de delito fiscal al año, un índice que, aunque no llame demasiado la atención, de Urbano cree que es revelador de cómo todas las deudas superiores a 120.000 euros están elevándose a delito en los tribunales.

Eduardo de Urbano –doctor en Derecho, expresidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, exmagistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y exmagistrado de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otros cargos– presentó ayer su último libro titulado Derecho penal económico: 31 casos de delito fiscal. “Se ha convertido en uno de los delitos más importantes del Derecho Penal Económico”, señala de Urbano. “Creo que se está judicializando en exceso”.

El jurista destaca que, con estas obras, busca divulgar más los entresijos del Derecho Penal Económico. “Intento llegar a toda clase de público. En el libro empleo el método del case in law, que creo que es el más adecuado para plantear estas cuestiones”.

El especialista ha buceado en muchos casos de delito fiscal para construir su nueva obra, lo que le ha permitido tener una nítida visión de este asunto.

“Hay que partir de la base de que la Agencia Tributaria (AEAT) no tiene la razón siempre y hay muchos asuntos que acaban en delito y, sin embargo, los tribunales terminan dándole la razón al contribuyente”, apunta. “Esta clase de delitos se han convertido en el delito económico más importante por las cuantías elevadas que se alcanzan en los asuntos”, añade.

Eduardo de Urbano aboga en cualquier caso por dotar de más medios a la Justicia para poder analizar correctamente estos asuntos que, a su juicio, “suelen ser complejos y con muchas aristas”. De hecho, el jurista destaca que los casos de delito fiscal suelen estar acompañados por otros delitos vinculados. “Se ve mucho la apropiación indebida, el blanqueo de capitales, la falsedad documental, la insolvencia punible, el cohecho o la prevaricación”, enumera de Urbano.

El doctor en Derecho explica las consecuencias de este enfrentarse a este tipo de delitos y subraya que pueden conllevar una pena de prisión que puede llegar a seis años. “Además, la inhabilitación especial oscila entre 6 y 8 años”.

A parte, de Urbano señala a las fuertes sanciones que pueden imponer los tribunales. “El delito fiscal puede estar multado con una sanción de hasta el séxtuplo de la parte defraudada, además la responsabilidad civil, que es la devolución de la cantidad impagada”. De esta forma, el especialista asevera que “una deuda de dos puede convertirse en ocho”, algo que considera “desproporcionado”. Eduardo de Urbano constata el problema del atasco judicial sobre estos asuntos. “En el libro hay algún caso que durado más de 20 años”.

En este sentido, vuelve a pedir más medios para agilizar los procedimientos. “El asunto del atasco judicial tiene pocas soluciones más allá de que haya más medios. Es la única forma de poder resolver antes”, manifiesta. El exmagistrado confirma, en cualquier caso, que los delitos fiscales están a la cabeza en cuanto a la duración de los procesos. “No hay los recursos que la Justicia necesita. En una democracia la Justicia es esencial porque ante las controversias tienen que ofrecerse soluciones”, añade. También apunta a una excesiva presión fiscal. “En los dos últimos años, la recaudación ha subido un 25%”, afirma.

Eduardo de Urbano presentó ayer su libro en la sede del Consejo General de Economistas (CGE) de España. En la presentación participaron el presidente del CGE, Valentín Pich, el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco José Navarro Sanchís y el coordinador del Servicio de Estudios del CGE, Luis del Amo. Navarro Sanchís afirmó sobre las controversias de los registros de la Agencia Tributaria que “en entrada en domicilio o la entrada de dispositivos electrónicos que pueden afectar a derechos fundamentales, hay un problema absoluto de falta de regulación legal”.